ECUADOR AMENAZA A LAS PETROLERAS CON REVISAR SUS CONTRATOS

Las tensiones entre el Gobierno ecuatoriano y las petroleras privadas siguen en aumento. El ministro de Petróleos, Galo Chiriboga, anunció que los contratos de las 15 firmas que operan en Ecuador serán revisados en busca de irregularidades, después de que las empresas no acudieran a una reunión a la que Chiriboga las había convocado el pasado lunes.El Ministerio de Energía podría sancionar a las empresas, incluso con la expulsión, si la investigación determina que hay incumplimientos en los términos de los contratos, de acuerdo con el procurador de la nación, Xavier Garaicoa. La auditoría tardará en terminarse entre dos y tres meses y será realizada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos.

Los representantes de las petroleras, entre ellas la española Repsol YPF, explicaron que no asistieron a la reunión con Chiriboga porque sus matrices aún estudian el impacto de un decreto, emitido por el presidente Rafael Correa la semana pasada, que ordena que deben entregar al Estado el 99 por ciento de sus ganancias extra, derivadas de la actual bonanza de los precios del crudo.

Justamente ese decreto ha dado inicio a los actuales roces entre el Gobierno y las empresas, ya que antes de su sorpresiva emisión las dos partes se hallaban sentadas a la mesa renegociando los contratos a petición de Correa, que quería incrementar la participación del Estado en la renta petrolera.

Para las compañías privadas, el decreto significará la pérdida de 840 millones de dólares anuales en beneficio del Estado ecuatoriano, lo que podría dar lugar a demandas internacionales en contra del país, de acuerdo con el analista Augusto Tandazo.

El procurador Garaicoa dijo estar preparado para defender la posición de Ecuador si las petroleras demandan, aunque asegura que éstas no tendrían argumentos para hacerlo, pues el decreto «no puede ser interpretado como una confiscación, ya que el petróleo le pertenece a Ecuador».

Entre la espada y la pared

Para varios analistas, la verdadera intención del Ejecutivo es poner a las petroleras entre la espada y la pared para que acepten cambiar sus actuales contratos de participación por otros de «prestación de servicios». El propio Chiriboga lo dejó entrever al declarar que si a las petroleras no les gusta el decreto, pueden renegociar con el Estado un cambio de contrato. Con los prestación de servicios, las petroleras pasarían a ser casi empleadas del Estado: no podrían llevarse ni un solo de los barriles de crudo que extraen pero Ecuador les pagaría, a cambio, sus gastos e inversiones más una tarifa por el servicio que prestarán.

Ese modelo estuvo vigente hasta 1995, cuando fue cambiado porque se consideró que las petroleras habían perdido los incentivos para aumentar la producción de crudo y porque el Estado las acusó de inflar sus cuentas de gastos.

Por eso, el nuevo contrato traería varias «camisas de fuerza», entre ellas una cláusula que limita los costes de producción por cada barril y otra que reduce el rango de gastos que podrán presentar las petroleras que acepten trabajar bajo estas nuevas condiciones.
Por otro lado, el Gobierno ecuatoriano anunció sus intenciones de retornar a la OPEP antes del 17 de noviembre próximo, cuando el cartel se reúne en Arabia Saudí.