Amigos del terrorismo en Perú

La decisión del jueves pasado del Parlamento Europeo de retirar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de su lista de grupos terroristas ha alborotado a todo Perú. Y con buena razón. El MRTA es conocido por secuestrar, torturar y asesinar a civiles con tal de cumplir su agenda política. Recientemente, funcionarios peruanos lo han ligado al "Movimiento Bolivariano" de Hugo Chávez, que busca desestabilizar las democracias de Latinoamérica, así como al grupo guerrillero colombiano FARC.


La decisión de los europeos es exasperante. Pero también es educativa en la medida en que muestra cómo los terroristas pueden avanzar su causa con la ayuda de los organismos no gubernamentales. Bajo títulos como la defensa de los "derechos humanos", las ONG que comparten la ideología de la extrema izquierda trabajan a diario en Perú, tratando de legitimizar a sus amigotes que, tras bambalinas, continúan su "lucha armada". Lo curioso es que estas a menudo son financiadas por gobiernos o filántropos extranjeros.

El congresista peruano Rolando Sosa, a quién entrevisté en Lima hace 10 días, sabe mucho acerca del problema. Sosa encabezó un subcomité del Congreso que investigó las actividades del Movimiento Bolivariano en Perú. Sus hallazgos se presentaron a una comisión especial con facultades para llamar a declarar que probablemente encontrará aún más. Pero lo que ya se ha descubierto es suficiente para provocar alarma.

Sosa dice que el Movimiento Bolivariano de Chávez depende de un banco de tres patas. Dos de ellas son legales, pero la tercera no lo es. La primera es la "diplomacia" oficial de Venezuela. La venta con descuento de petróleo han comprado la lealtad de 19 países de la región. Otros planes, tales como la compra de deuda argentina y la ayuda a proyectos energéticos en Ecuador están igualmente diseñados para crear dependencia y establecer el dominio venezolano en la región.

La segunda pata es el esfuerzo para establecer un control ideológico al interior de los sindicatos y las organizaciones de base. Estos grupos han creado una serie de "asociaciones" sin fines de lucro, que según Sosa, operan internamente como partidos políticos, con títulos oficiales como "secretario de relaciones exteriores y secretario de doctrina".

Los nombres de estas ONG, tales como "Casas de Alba" (Alternativa Bolivariana para las Américas) y "Casas de Amistad", podrían sonar inofensivos. Pero, según Sosa, "lo que importa es su objetivo que, como una moneda, tiene dos caras. Una cara es pública. La otra está oculta".

Públicamente, estos organismos administran clínicas oculares, programas de alfabetismo y centros de salud donde abundan los médicos cubanos. Tras bambalinas, advierte Sosa, trabajan para adoctrinar a los peruanos más pobres en la ideología de la extrema izquierda.

La tercera pata, la ilegal, es la más peligrosa. Sousa cita a dos grupos: el "Coordinador Continental Bolivariano" y el "Congreso Bolivariano del Pueblo". El comité del congresista encontró que ambos están reclutando y usando a los elementos más extremistas del país, como anarquistas, terroristas y la izquierda radical, para producir "las condiciones sociales… el caos" necesario para crear la impresión de que la democracia no funciona.

Una vez que esto se logra, las organizaciones de base, ayudadas por las ONG, estarán listas para llevar a los extremistas al poder a través del voto. Esa estrategia fue usada en Bolivia para deponer al gobierno de Sánchez de Lozada en 2003 y llevar al títere de Chávez, Evo Morales, al poder.

Ahora hay amplia evidencia que liga a Chávez, el artífice del Movimiento Bolivariano, al terrorismo, cortesía de las computadoras encontradas en el campamento del guerrillero colombiano Raúl Reyes. Por el momento, la conexión, más allá de la ideología, entre las ONG bolivarianas y los terroristas bolivarianos es borrosa, anota Sosa. Sin embargo, la comisión especial del Congreso peruano podría aclarar estos vínculos.

Mientras tanto, el trabajo de otras ONG financiadas por extranjeros y que velan por los intereses de las organizaciones terroristas requiere de urgente atención. Un ejemplo es el grupo peruano de "derechos humanos" Aprodeh, que trabajó en Europa para lograr que sacaran al MRTA de la lista de terroristas, pese a que Perú aún lo considera una grave amenaza a su seguridad.

En 2007, según documentos del gobierno, Aprodeh recibió fondos de Oxfam America, la Open Society ligada al inversionista George Soros, la Fundación John Merck, la ciudad de Barcelona, la embajada holandesa y una organización del gobierno estadounidense llamada Inter-American Foundation, entre otras. El viernes, el gobierno peruano le pidió a Aprodeh explicaciones sobre cómo su status de ONG le permite intervenir en representación de terroristas, cómo lo hizo ante el Parlamento Europeo.

No es de extrañar, entonces, que ONG se haya vuelto una palabra sucia en Perú. En una entrevista en Lima la semana pasada, el presidente peruano, Alan García, me dijo que las ONG "anti-capitalismo" financiadas por extranjeros también juegan un papel importante en el bloqueo del desarrollo. "Es algo que me sorprende", manifestó.

A mi también. Especialmente tomando en cuenta que las víctimas de la pobreza y la violencia que su agenda produce son la gente más vulnerable de Perú.