Caso Chiquita y las AUC pone en duda en EE.UU. ventajas de confesar pagos ilegales
En abril de 2003, Roderick M. Hills, en aquel entonces director del comité de auditoria de la bananera estadounidense Chiquita Brands, fue al Departamento de Justicia de Estados Unidos con otros representantes de la compañía para informar que Chiquita había estado haciendo pagos ilegales a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que Washington clasifica como un grupo terrorista.Años atrás, eso habría sido suficiente para que Chiquita saliera bien librada. Las compañías y los ejecutivos que reportaban sus crímenes y se comprometían a cooperar recibían un trato benévolo. Muchas recibían un "proceso diferido" en el que no se presentaban cargos a menos que cometieran más crímenes.
Pero ese no fue el caso de Chiquita, o Hills. En marzo se declaró culpable y accedió a pagar US$25 millones en multas, la primera vez que una de las grandes empresas estadounidenses fue acusada de tener acuerdos financieros con terroristas. Ahora, Hills, un ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y ex consejero de la Casa Blanca, enfrenta la posibilidad de cargos criminales. Un jurado federal investiga su papel en la continuación de los pagos por casi otro año.
El caso Chiquita involucra aspectos fuera de lo común. Hills y otros ejecutivos creen haber recibido aprobación tácita de altos funcionarios del Departamento de Justicia para continuar con los pagos, que en total alcanzaron US$1,7 millones a lo largo de siete años a las AUC, un grupo paramilitar que amenazó con secuestrar o asesinar a los empleados de los campos bananeros de su filial colombiana Banadex. A Chiquita le preocupaba que las AUC lastimaran a sus empleados si detenía los pagos inmediatamente. El Departamento de Justicia niega que haya habido tal acuerdo. Además, el caso se ha convertido en una papa caliente en el Congreso estadounidense, donde los Demócratas han prometido más investigaciones de las empresas de EE.UU. que subvencionan actos violentos fuera del país y mayor severidad en los castigos del gobierno estadounidense.
Esta investigación ilustra la dura postura que los fiscales estadounidenses han adoptado recientemente, incluso cuando las compañías confiesan haber violado la ley. Esta estrategia podría causar dificultades si las empresas deciden que da lo mismo si esperan a que alguien los descubra. "Este caso hará que las firmas lo piensen dos veces antes de autoincriminarse", asegura Ellen Podgor, profesora de derecho de la Universidad Stetson, en Florida.
El abogado de Hills, Reid Weingarten, y los abogados de otros cuatro directivos, incluyendo al ex presidente ejecutivo Cyrus Freidheim Jr. y al antiguo consejero general Robert Olson, enviaron memorandos a los fiscales este mes presentando sus razones por las cuales sus clientes no deberían ser acusados de crímenes relacionados con el terrorismo. "Que Rod Hills esté bajo investigación por un crimen que él mismo reportó es absurdo", afirma Weingarten. Hills declinó hacer comentarios. Lo mismo sucedió con el fiscal asistente Jonathan Malis, quien lidera las acusaciones en contra de Chiquita.
Los fiscales estadounidenses abordaron el dilema de Chiquita desde una perspectiva diferente. Desde el principio, "lo vi como una investigación de homicidio", dice Roscoe Howard Jr., antiguo abogado del gobierno que lideró el caso en contra de Chiquita antes de dejar su cargo en 2004. "Aunque Chiquita no asesinó a nadie, el dinero fue usado para eso... para comprar armas".
Malis y otros fiscales están bajo presión para tomar una decisión sobre si acusar a los ejecutivos de otros crímenes. Mientras tanto, Lamberth ha accedido a posponer la sentencia de Chiquita.
El Departamento de Justicia dice que no ha endurecido su política. "Miramos los hechos y las circunstancias de cada caso", afirma Dean Body, vocero del departamento. El caso de Chiquita fue "muy serio" e involucraba una conducta que se extendió por varios años. Agregó que "si la única forma de que una compañía puede operar en un lugar en particular es de manera ilegal, entonces probablemente no debería estar allí". Body se abstuvo de comentar sobre la investigación.
Chiquita dice que hizo lo correcto al enfrentarse a un dilema moral y legal. "O la compañía dejaba de hacer los pagos, cumpliendo con la ley pero poniendo en riesgo las vidas de sus trabajadores, o la empresa podía evitar que los lastimaran, posiblemente violando la ley", dice Eric Holder Jr., un abogado de Washington que representa a la bananera. "Cada alternativa era impalpable e inaceptable", así que al confesar ante el Departamento de Justicia, Chiquita "hizo lo correcto", dijo. Finalmente, la empresa resolvió su problema al vender la filial, aunque sigue recibiendo sus bananas.
Pero ese no fue el caso de Chiquita, o Hills. En marzo se declaró culpable y accedió a pagar US$25 millones en multas, la primera vez que una de las grandes empresas estadounidenses fue acusada de tener acuerdos financieros con terroristas. Ahora, Hills, un ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y ex consejero de la Casa Blanca, enfrenta la posibilidad de cargos criminales. Un jurado federal investiga su papel en la continuación de los pagos por casi otro año.
El caso Chiquita involucra aspectos fuera de lo común. Hills y otros ejecutivos creen haber recibido aprobación tácita de altos funcionarios del Departamento de Justicia para continuar con los pagos, que en total alcanzaron US$1,7 millones a lo largo de siete años a las AUC, un grupo paramilitar que amenazó con secuestrar o asesinar a los empleados de los campos bananeros de su filial colombiana Banadex. A Chiquita le preocupaba que las AUC lastimaran a sus empleados si detenía los pagos inmediatamente. El Departamento de Justicia niega que haya habido tal acuerdo. Además, el caso se ha convertido en una papa caliente en el Congreso estadounidense, donde los Demócratas han prometido más investigaciones de las empresas de EE.UU. que subvencionan actos violentos fuera del país y mayor severidad en los castigos del gobierno estadounidense.
Esta investigación ilustra la dura postura que los fiscales estadounidenses han adoptado recientemente, incluso cuando las compañías confiesan haber violado la ley. Esta estrategia podría causar dificultades si las empresas deciden que da lo mismo si esperan a que alguien los descubra. "Este caso hará que las firmas lo piensen dos veces antes de autoincriminarse", asegura Ellen Podgor, profesora de derecho de la Universidad Stetson, en Florida.
El abogado de Hills, Reid Weingarten, y los abogados de otros cuatro directivos, incluyendo al ex presidente ejecutivo Cyrus Freidheim Jr. y al antiguo consejero general Robert Olson, enviaron memorandos a los fiscales este mes presentando sus razones por las cuales sus clientes no deberían ser acusados de crímenes relacionados con el terrorismo. "Que Rod Hills esté bajo investigación por un crimen que él mismo reportó es absurdo", afirma Weingarten. Hills declinó hacer comentarios. Lo mismo sucedió con el fiscal asistente Jonathan Malis, quien lidera las acusaciones en contra de Chiquita.
Los fiscales estadounidenses abordaron el dilema de Chiquita desde una perspectiva diferente. Desde el principio, "lo vi como una investigación de homicidio", dice Roscoe Howard Jr., antiguo abogado del gobierno que lideró el caso en contra de Chiquita antes de dejar su cargo en 2004. "Aunque Chiquita no asesinó a nadie, el dinero fue usado para eso... para comprar armas".
Malis y otros fiscales están bajo presión para tomar una decisión sobre si acusar a los ejecutivos de otros crímenes. Mientras tanto, Lamberth ha accedido a posponer la sentencia de Chiquita.
El Departamento de Justicia dice que no ha endurecido su política. "Miramos los hechos y las circunstancias de cada caso", afirma Dean Body, vocero del departamento. El caso de Chiquita fue "muy serio" e involucraba una conducta que se extendió por varios años. Agregó que "si la única forma de que una compañía puede operar en un lugar en particular es de manera ilegal, entonces probablemente no debería estar allí". Body se abstuvo de comentar sobre la investigación.
Chiquita dice que hizo lo correcto al enfrentarse a un dilema moral y legal. "O la compañía dejaba de hacer los pagos, cumpliendo con la ley pero poniendo en riesgo las vidas de sus trabajadores, o la empresa podía evitar que los lastimaran, posiblemente violando la ley", dice Eric Holder Jr., un abogado de Washington que representa a la bananera. "Cada alternativa era impalpable e inaceptable", así que al confesar ante el Departamento de Justicia, Chiquita "hizo lo correcto", dijo. Finalmente, la empresa resolvió su problema al vender la filial, aunque sigue recibiendo sus bananas.
entrada de Gekko a las
6:08 a. m.
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