El auge de los fondos soberanos preocupa a EE.UU.

El auge de los fondos soberanos —que gestionan los miles de millones de dólares que han cosechado en los últimos años las economías exportadoras y los países productores de petróleo y commodities— ha llevado a renovados esfuerzos para asegurar que los gobiernos no utilicen estas sociedades como armas financieras. Preocupada por una posible reacción global en contra de la inversión internacional y por un aumento del proteccionismo, la secretaría del Tesoro de Estados Unidos prefiere una estrategia minimalista: reglas voluntarias de "mejores prácticas". Pero incluso los libremercadistas dudan de este enfoque, porque no es posible hacer cumplir esas prácticas.

Un concepto distinto puede tener más sentido: hacer que las actividades de estos fondos sean un nuevo punto en la agenda del comercio global y negociar un acuerdo entre los países que tienen estos fondos y las economías que reciben sus inversiones. Los que infrinjan el acuerdo podrían ser sancionados con prohibiciones sobre inversiones futuras.

El tema de los fondos soberanos dominó una reunión reciente de los ministros de finanzas del Grupo de los Siete países más industrializados. El G-7, que incluye a EE.UU., Canadá, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Japón, emitió después un comunicado diciendo que si bien sus economías "pueden beneficiarse al abrirse" a estos fondos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deberían examinar aspectos como la estructura, transparencia y responsabilidad de estos vehículos de inversión.

La razón de toda la preocupación es que estos fondos cuentan actualmente con entre US$2 billones (dos millones de millones) y US$3 billones para invertir, una cantidad que podría llegar a US$10 billones en los próximos 10 años. Con ese tamaño, "ellos son el sistema financiero global", dice el ex economista jefe del FMI Kenneth Rogoff.

Algunos de los fondos más grandes pertenecen a los países en los que menos confían los inversionistas de EE.UU. y Europa: China, Arabia Saudita, Rusia, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. De momento, los fondos soberanos han adquirido mayoritariamente deuda de gobierno, contribuyendo así a la estabilidad mundial. Pero los críticos piensan que no continuarán actuando de esa manera. Como ejemplo señalan la compra a comienzos de año de una participación de casi 10% en la firma estadounidense de capital privado Blackstone Group por parte de China.

Christopher Cox, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., incluso expresó que esos fondos soberanos podrían usar "el enorme volumen de información clasificada" que recogen sus agencias de espionaje, convirtiéndolos así en "la herramienta definitiva en el uso de la información privilegiada".

La secretaría del Tesoro, que suele ser alérgica a la regulación, dice que las mejores prácticas deberían ser suficientes. Un principio debería ser que las "inversiones sean impulsadas por un fin comercial", dice el subsecretario del Tesoro David McCormick. La meta: conseguir, por ejemplo, que el fondo soberano saudita actúe como el fondo de la dotación de la Universidad de Harvard, y no como el equivalente financiero de un avión de combate.

Existe un modelo mejor. Es un proceso de dos etapas. En la primera, EE.UU., Europa y Canadá, que tienen intereses comunes, elaborarían posiciones conjuntas sobre las cuestiones más urgentes: ¿hay que limitar la inversión de los fondos soberanos a participaciones minoritarias? ¿Hay sectores prohibidos para estos fondos, como la defensa, los medios u otros? ¿Deberían los países cuyos fondos invierten en ciertos sectores, por ejemplo, servicios financieros, estar obligados a abrir en sus países esos mismos sectores a la inversión extranjera?

En una segunda fase participarían los gobiernos de los fondos. ¿La razón? Mantener el acceso más libre posible a la inversión en los mercados más ricos del mundo. Las negociaciones podrían comenzar con una decena de países que tienen los mayores fondos, de lo contrario podrían darse conversaciones interminables como ocurre con la Ronda de Doha en la que participan 150 naciones.

Gary Hufbauer, especialista de comercio en el Peterson Institute for International Economics, un centro de estudios en Washington, dice que las negociaciones deberían mantenerse bajo un auspicio neutral para reducir la sensación de que EE.UU. y Europa son quienes dictan los términos. Él propone al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tiene vínculos estrechos con el Banco Mundial.