ElCapitalista007

martes, julio 17, 2007

Proteccionismo o Mercado Libre?

En la reciente Cumbre Mundial sobre la Alimentación, el Presidente de Uganda dijo, refiriéndose a las causas del hambre en Africa: "El problema fundamental no es el clima, la falta de buenas semillas, de educación ni de infraestructura. Los problemas principales son tres: las guerras, el proteccionismo contra nuestros productos agrícolas y contra los productos de valor agregado".Los regímenes proteccionistas erigen aranceles (derechos) sobre los bienes importados, o fijan límites (cuotas) sobre las cantidades que de los mismos se permite ingresar al país. Los partidarios del proteccionismo sostienen que al limitarse el acceso a productos extranjeros se conservarán puestos de trabajo, se dará a las industrias domésticas oportunidad de recuperarse y prosperar y se reducirán los déficits comerciales. Sin embargo, estas disposiciones no sólo restringen la elección de bienes de consumo, sino que también contribuyen en gran medida a elevar los costos tanto de bienes y servicios como de los negocios en general.

¿Quiénes soportan los costos del proteccionismo?. En primer lugar, los consumidores. Encarecer las importaciones con aranceles para tratar de fortalecer a determinadas producciones o industrias locales va en perjuicio directo del consumidor, quien pagará más por esos productos y necesariamente terminará comprando menos de ellos, afectando así su nivel de vida. En este sentido, los consumidores japoneses pagan su arroz cinco veces por encima del precio mundial, debido a las restricciones que protegen a los agricultores de su país. Los consumidores europeos deben afrontar cuantiosos costos por las restricciones de la UE sobre los bienes importados, y pesados impuestos por los subsidios internos a los agricultores. También los consumidores estadounidenses sufren la misma doble carga, pagando el azúcar, por ejemplo, varias veces por encima de su precio mundial, debido a las restricciones comerciales.
A pesar de la evidencia del daño causado, persisten las presiones por más leyes proteccionistas. Quienes ganan con estos regímenes son determinados grupos de intereses, tales como corporaciones, sindicatos y agricultores de países desarrollados, que se benefician marcando precios más altos u obteniendo salarios mayores de los que cabría esperar en un mercado libre. Estos intereses especiales tienen el peso electoral y el impacto político suficientes para influir sobre los representantes políticos, a fin de que dicten leyes que les sean favorables.
Por otro lado, las políticas proteccionistas conducen a inequidades e incongruencias que resultan injustificables. Los países menos desarrollados deben cientos de miles de millones de dólares a inversores, bancos y organismos de países industrializados. No obstante, las restricciones comerciales y las políticas de subsidio decretadas por los países más ricos determinan limitaciones de acceso a sus mercados para los bienes exportables por aquéllos –cuya economía se basa principalmente en productos agrícolas y derivados–, haciéndoles virtualmente imposible obtener las divisas necesarias para devolver sus préstamos. Esta actitud contradice la retórica sobre libre comercio de los países desarrollados y constituye una suerte de hipocresía internacional: “Hagan lo que decimos y no lo que nosotros hacemos”.
El negocio agrícola conforma, en efecto, la gran fuente de divisas para los países más pobres, que deben luchar contra las barreras y subsidios de los países ricos, que de esa manera protegen su producción rural y provocan la caída de los precios internacionales de muchos productos. Los subsidios anuales a los agricultores de Europa, Japón, Corea y los Estados Unidos, entre otros, ascienden a más de 310 mil millones de dólares; es decir que los productores agrícolas de estos mercados protegidos reciben casi mil millones de dólares al día.
Otra limitación importante al libre comercio es el escalonamiento de aranceles que, al sumar tributos según avanza el grado de elaboración de las mercancías, lleva a tasas de protección efectiva que anulan las aparentes reducciones arancelarias concedidas en las distintas negociaciones. Estas restricciones afectan principalmente a manufacturas de los países en desarrollo, tales como son productos derivados de la agroindustria.
Finalmente, los países desarrollados suelen proponer en las negociaciones multilaterales restricciones de carácter no comercial a las importaciones, como las referidas a la seguridad de los alimentos, al ambiente y a los derechos laborales, las que por lo general son aplicadas como barreras proteccionistas.
Como demuestran estudios serios y fundados, la liberalización de los mercados agropecuarios puede elevar considerablemente los ingresos de todos los países, ser una fuente importante de divisas y actuar como un catalizador para el desarrollo global. Es más, sin una apertura del sector agrícola que acabe con las políticas proteccionistas, el comercio mundial podría estar en peligro y enfrentarse a importantes desequilibrios, contribuyendo así a perpetuar la pobreza en los países no desarrollados.
El Grupo de Cairns, integrado por las naciones que se oponen a los subsidios agrícolas (Australia, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay), concentra elevadas expectativas en los resultados de la Ronda de Doha de negociaciones multilaterales de comercio que comenzó este año y que debería dar sus primeros frutos en septiembre de 2003, cuando se reúna en México la próxima conferencia ministerial de la OMC. Por el momento, las dos principales negociaciones de la Ronda de Doha se ocupan de las reformas de los acuerdos sobre agricultura y servicios.
En la reunión del grupo Cairns que se desarrolló a mediados del mes de octubre pasado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), se analizó un paquete comprensivo de propuestas de largo alcance sobre la reforma de la agricultura en las negociaciones de Doha. Los agricultores del grupo apoyan la determinación de una fecha específica para la eliminación eventual de todos los aranceles y subsidios que distorsionan el comercio y la producción. Las propuestas sobre los subsidios de exportación, el acceso a mercados y sobre los apoyos domésticos, parten de la base que los acuerdos en los tres frentes deben progresar juntos, teniendo en cuenta los requerimientos de tratamiento especial y diferenciado de los países en desarrollo.
Los asistentes consideraron irresponsable de parte de la Unión Europea y del Japón el no haber presentado propuestas detalladas para su discusión. Adicionalmente, las sugerencias recientes de la Unión Europea en cuanto a que las concesiones que pudiese realizar en materia de apoyo interno tendrían que ser retribuidas con concesiones en materia de asuntos no comerciales, empeoran aún más la situación. Se sostiene que esto constituye un indisimulado esfuerzo unilateral de reescribir las bases ya convenidas en Doha para las negociaciones agrícolas, atento que en esa oportunidad se decidió que los asuntos no comerciales no serían parte de los objetivos centrales de negociación.
Igualmente, la reciente “Farm Bill” de los Estados Unidos –que incrementó los beneficios otorgados a granjeros de ese país, mediante garantías de mayores precios mínimos para maíz, trigo y otros productos, y nuevos subsidios al cultivo de soja entre otros–, ha tenido un impacto dramático en las proyecciones de comercio para muchos países productores agrícolas. Por lo tanto, los miembros del grupo Cairns aspiran a que los Estados Unidos se comprometan genuinamente a una liberalización sustancial y progresiva, incluyendo la eliminación de los subsidios domésticos distorsionantes de la comercialización.
En esa dirección, los asistentes a la reunión de Santa Cruz de la Sierra anunciaron que, en la medida que los países industrializados no retrotraigan sus medidas de protección y promoción, no negociarán en la OMC temas prioritarios en la agenda comercial de los países desarrollados, como la liberación del comercio de servicios, de las inversiones externas y de las compras gubernamentales.
Resulta evidente que, en esta ocasión, no existe disposición para aceptar otro conjunto limitado de resultados como ocurriera en la Ronda Uruguay, y habrá que exigir que las deficiencias que existen en el acuerdo actual sean tratadas y removidas. El éxito de esta ronda multilateral entonces sólo se logrará si todos los miembros de la OMC están preparados para fijarse metas audaces y ambiciosas que permitan la reforma del comercio agrícola.

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