Frijoles refritos: la reforma fiscal de México

A los estadounidenses que viajan a México se les advierte que no beban el agua de allá. Qué lástima que a los mexicanos que se la pasan en Washington en el Fondo Monetario Internacional no les den consejos similares sobre el cóctel ideológico que se sirve allí. A lo mejor eso les ayudaría a evitar ingerir ciertas actitudes malas sobre impuestos y crecimiento y que las lleven de regreso a casa.Semejantes pensamientos son difíciles de evitar cuando uno toma en consideración la reforma fiscal que recientemente propuso Agustín Carstens, el Secretario de Hacienda del Presidente Felipe Calderón. Carstens es un economista extremadamente capacitado de la corriente de la Escuela de Chicago y un renombrado negociador en la política mexicana.

Por desgracia, también pasó tres años (2003-2006) en el FMI y si esta reforma –amplia en formas creativas para que las empresas paguen más impuestos y estrecha en lo referente a incentivos que favorezcan el crecimiento— sirve de indicador, parece que ha hecho más que tomar un sorbo de su fuente de "sabiduría" económica.

Reconozcamos que existe una división fundamental en la teoría económica del desarrollo entre aquellos que creen que un impuesto simple, bajo y fijo es la mejor manera de promover la prosperidad y aquellos que piensan que los gobiernos pueden y deben diseñar la igualdad a través de un código impositivo progresivo. La primera postura se concentra en el crecimiento, mientras que la segunda –defendida por el FMI— se centra en la socialización de los frutos del sector productivo de la economía.

Una decena o así de países han elegido el impuesto fijo con un éxito económico asombroso. Irlanda, en su día un país pobre y atrasado, adoptó una tasa corporativa fija y se convirtió en un tigre celta. Rusia superó una cultura de evasión de impuestos que parecía irreversible imponiendo una tasa corporativa única y baja. Desde entonces ha experimentado un fuerte incremento en sus ingresos. Muchos países de Europa del Este, empobrecidos por décadas de comunismo, han dado un paso más allá al adoptar una verdadera tasa fija que cubre a todos los individuos.

Sin embargo, la teología del FMI aún tiene esclavizados a la mayoría de los encargados de las políticas públicas de América Latina. La institución predica que el equilibrio fiscal es sagrado y si los políticos no recortan el gasto, deben subir los impuestos. El sector productivo de la economía –que incluye a cualquiera con dinero— tiene que aportar los ingresos que los burócratas y políticos necesitan. Posiblemente el aspecto más dañino de este dogma es su rechazo a la "puntuación dinámica", en otras palabras, los efectos positivos en los ingresos cuando la simplicidad y las tasas bajas producen niveles más altos de actividad económica, cumplimiento e inversión. Al aferrarse a un análisis estático, los diseñadores de las políticas públicas se ven eternamente forzados a perseguir el sector privado con un celo cada vez más intenso. Eso asusta el capital y no es manera de promover el crecimiento. Por desgracia, parece que el joven gobierno de Calderón está a punto de caer en esta trampa.

El proyecto de reforma, que se debatirá en el Congreso en los próximos meses, incluye cambios de política en áreas de federalismo y gasto público. Pero el componente tributario es el que es realmente preocupante. Lo que se presenta como una "tasa corporativa única" será, de hecho, un impuesto mínimo alternativo sobre el consumo que se impondrá junto al tradicional impuesto sobre las ganancias corporativas.

El sistema tributario mexicano, al igual que el estadounidense, es un gran lío: complejo e injusto y complicado de cumplir. Las tasas fueron bajadas durante el gobierno de Vicente Fox, que fue presidente de 2000 a 2006, pero el código está repleto de lagunas y existen altos niveles de evasión. En un informe de noviembre, el Economist Intelligence Unit describió el sistema como "embrollado" y dijo que "las grandes compañías se quejan a menudo de que son cargadas de manera desproporcional por el sistema fiscal porque para las autoridades es más fácil hacer un seguimiento de sus actividades que de las empresas más pequeñas". El informe también señala que el "sector informal, que esquiva todas las obligaciones fiscales, es gigantesco y sigue creciendo cada año".

México dice que apenas recauda impuestos equivalentes a 12% de su Producto Interno Bruto y si los ingresos provenientes del petróleo se reducen en los años venideros, necesitará conseguir más dinero del sector privado para evitar desequilibrios fiscales. Es este temor lo que ha generado la propuesta de un nuevo "impuesto único", un joven Frankenstein que convivirá junto al monstruoso sistema fiscal actual.

He aquí cómo funciona: las empresas calculan sus impuestos bajo el sistema tradicional, con su tasa máxima marginal de 28% y la ola de deducciones y exenciones que se pueden aplicar bajo la ley tributaria actual. A continuación calculan sus impuestos bajo la "tasa única", la que equivale al 19% sobre los ingresos menos las inversiones y los gastos de capital. Los aspectos laborales no son deducibles, pero existe un crédito para la mano de obra barata. El impuesto que finalmente se paga es el que resulte más alto entre los dos.

La idea es que a través del subsidio de la mano de obra barata, aparecerán más empleos de bajos sueldos. Mientras tanto, las empresas no serán capaces de utilizar un ejército de contadores que saquen ventaja de las exenciones y dejen los pagos tributarios en su mínima expresión. Ahora se van a ver golpeados por un 19%. Para esas compañías, eso supone un incremento impositivo y el gobierno espera que así aumenten los ingresos.

Por una parte es difícil no animar a Carstens. Eliminar esas lagunas es un objetivo noble y no hay duda de que si hubiera intentado cerrarlas con una nueva redacción del código, los poderosos grupos de interés de México se habrían opuesto al intento. Para ser justos con el secretario, el suyo es un esfuerzo para lidiar con el problema y hay algunas personas que argumentarían que dada la política mexicana, esto es lo mejor que se puede lograr en este momento.

Aun así vale la pena preguntarse si se está ofreciendo esto a los mexicanos debido a que la visión del FMI prevalece en la secretaria de Hacienda. Pese a que la reforma elimina el impuesto de 2% sobre los activos, no hace nada para simplificar el código y así alentar su cumplimiento. En lugar de eso, incorpora el cálculo del impuesto al consumo, complicando aún más el proceso de presentación. No existen reducciones a las tasas, lo cual es clave tanto para ampliar la base tributaria como para atraer inversiones que impulsen el crecimiento. También se opone a los trabajos calificados, los cuales acaban teniendo que pagar por partida doble. Habrá suficientes empleos para los trenzadores de canastas en Chiapas, pero las compañías que usan trabajadores calificados ahora tendrán un incentivo para reemplazar a la gente con máquinas, por las cuales sí pueden recibir deducciones. Y dado que las compañías a menudo reaccionan a los incrementos impositivos haciendo toda clase de ajustes, existe la posibilidad de que un aumento en los impuestos ni siquiera genere los ingresos prometidos.

A los contadores de frijoles en el FMI les va a encantar esta reforma, pero viniendo de un presidente que prometió desatar los espíritus animales de una nación emprendedora, supone una desilusión colosal. Si esto es lo mejor que puede hacer el autoproclamado presidente de los empleos en sus primeros años de gobierno, prepárense para seis años más de crecimiento mediocre.